Iniciativa de ley para limitar la prisión preventiva

El 28 de septiembre se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco del partido político Movimiento Ciudadano ante la LXIII legislatura. Justicia Juvenil Internacional México ha estado trabajando de la mano con el diputado federal Clemente Castañeda Hoeflich durante el 2017 con el interés de impactar positivamente la reinserción a la sociedad de adolescentes en detención. El propósito de la iniciativa de reforma es la revisión del respeto de los derechos de los adolescentes referentes a su proceso legal bajo la Nueva Ley, principalmente relacionado con el uso y duración de la prisión preventiva. Tal iniciativa toma en primeramente el efecto directo de la prisión preventiva en el desarrollo del adolescente, su educación, sus lazos comunitarios y familiares, y su salud mental y física. Lo segundo es el interés por la seguridad pública al disminuir los efectos que puede tener la convivencia en reclusión.

Objetivamente, la iniciativa se enfoca en los procesos sean más rápidos, la necesidad de utilizar la prisión preventiva como último recurso y por el periodo de tiempo más breve para contribuir a la eficiencia del sistema y salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

La reforme sugerida fue para los artículos 117, 121, 122, y 131 de la Ley Nacional. La duración de la prisión preventiva es importante ya que un adolescente que permanece un tiempo prolongado en prisión preventiva esperando su juicio tiene mayores probabilidades de debilitar sus lazos familiares, dejar los estudios e incluso intento de suicidio. Por lo anterior la propuesta se enfocó a la reducción de la duración preventiva a 30 días de los 5 meses que marca la ley.

Bajo la misma directriz, es importante que se aceleren los procesos legales de los adolescentes, por lo que se propone que para aquellos que se encuentran en prisión preventiva, sus procesos tengan una duración no mayor a 30 días.

Adicionalmente a lo anterior, considerando que el ministerio público puede pedir mayor tiempo para la investigación dentro del proceso, la iniciativa propone que este tiempo adicional no sea mayor a 30 días para los adolescentes que se encuentran en prisión preventiva, ya que el artículo 131 marca el máximo de ese periodo en general de 3 meses.

Por último, teniendo en cuenta que los jueces en ocasiones dictan prisión preventiva bajo criterios no establecidos, la iniciativa propone que las revisiones de esta medida sean con una frecuencia de cada diez días en vez de un mes como lo marca el artículo 121.

Si se aprueba, esta reforma pondrá a México en línea con los límites impuestos a la detención preventiva de adolescentes por otros países de la región, fortalecerá las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y minimizará el daño que a menudo se hace a los adolescentes privados de libertad.

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